Con tan mala fortuna de que la mayoría de ellos lo están haciendo con deuda mala y sin control. Esto invalida en gran medida el planteamiento que hacía Paul Krugman, Nobel de economía, cuando decía hace algo más de una década que la inflación a través del crecimiento debe resolver en gran medida el problema de la deuda. En este sentido, los países con una moneda fuerte tendrán ventaja siempre que empiecen a contener su oferta monetaria tras los excesos de los tres últimos lustros.
De hecho, los últimos informes apuntan a que la deuda mundial, sumada la pública y la privada, se encuentra en cifras de récord histórico, en torno al 250 % del PIB global. El endeudamiento público representa ya el 40 % del total, superando su media histórica.
Conviene recordar que el endeudamiento es el equivalente a anticipar consumos futuros. Una carga para las generaciones futuras quienes tendrán que asumir y revertir esta situación. Eso se traducirá en mayores impuestos y un impacto directo en el estado del bienestar por los recortes de gastos en sanidad, educación o pensiones, entre otras partidas. Un país con un alto nivel de deuda se verá obligado irremediablemente a destinar gran parte de sus ingresos al pago de intereses y capital, limitando su capacidad para invertir en áreas prioritarias y para estimular el crecimiento económico.
Límites de déficit y de deuda
Considerando únicamente la deuda pública, las últimas previsiones del FMI no son nada halagüeñas con una deuda mundial que representa en torno al 100 % del PIB global, con casos más extremos como el de Japón con el 260 % de su PIB o EEUU con un 135 % y España en una posición delicada con el 113 %.
Tal y como apunta el Banco de España, el saldo de la deuda de las Administraciones Públicas según el Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) ha ascendido a 1.535.000 millones de euros, 1,5 billones, en marzo de 2023, con una tasa de crecimiento del 5,6 % en términos interanuales. Una situación alarmante que se agrava en año de elecciones.
Algo que la Comisión Europea quiere frenar cuanto antes, exigiendo a los socios la reactivación de las reglas fiscales destinadas a contener la deuda. De este modo, a partir del próximo año, la institución volverá a imponer los límites de déficit y de deuda tras su suspensión aprobada en 2020 por la irrupción de la pandemia. Eso supondrá importantes ajustes que todos sufriremos en nuestras carnes y más tras la decisión del BCE de restringir su compra de deuda soberana.
El peso de las compras de bonos, por tanto, volverá a ir recayendo sobre las espaldas de la banca comercial. En 2022, Santander, BBVA y Sabadell compraron más de 15.750 millones de euros en deuda española durante 2022. El sector compró en total más de 26.000 millones de las emisiones del Estado el año pasado. De este modo, la cuota actual de las entidades de crédito en la deuda pública nacional se sitúa en el 13 % frente al 33 % del BCE.
Un mero anticipo de sus planes de ir mucho más allá en un momento de alta rentabilidad de estos activos. El Tesoro español tiene previsto que las emisiones netas para este año asciendan hasta los 70.000 millones de euros, una cifra similar a la de 2022. Estas compras, sin embargo, tienen una doble cara para el sector ante posibles variaciones de tipos si se produjera una recesión. No hay más que observar lo ocurrido en estos meses con la crisis de los bancos regionales estadounidenses, aunque la situación, en principio, sea diferente.